Brasil, aunque sea una de las potencias emergentes, todavía no ha conseguido vencer el problema de la desigualdad social. En consecuencia, en particular en sus grandes ciudades, la violencia es una preocupación de la sociedad como demuestran diversas encuestas oficiales de opinión. La situación se ha agravado con el surgimiento de la variable 'tráfico de drogas' en la ecuación fuerzas de seguridad pública X crimen organizado. Así, desde hace años, parte considerable de la sociedad brasileña se ha mostrado a favor del empleo de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo, desde la promulgación de la Constitución de 1988, las Fuerzas Armadas solo han sido empleadas en determinadas situaciones especiales y nunca contra la delincuencia existente en algunas de las más importantes ciudades brasileñas. Tal actitud sufrió un cambio radical a finales de 2010, cuando la Brigada Paracaidista fue desplegada en la región norte de la ciudad de Rio de Janeiro, más específicamente en los llamados "Complexos do Alemão e da Penha" para hacer frente a una pandilla de criminales que intentaban implantar una atmósfera de terror a los habitantes de la ciudad. Este artículo hará un análisis de esta operación, haciendo hincapié en los aspectos jurídicos que permitieron el empleo de fuerzas federales en un estado de Brasil en perfecta normalidad institucional.
