Las nuevas constituciones latinoamericanas imponen nuevos paradigmas en lo que concierne a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, y como no podía ser de otra manera, lo hacen igualmente respecto de las garantías que los tutelan. Este artículo analiza las tensiones que se generan en la denominada aplicación directa de la Constitución y sus significaciones en el plano operativo (obligaciones para jueces y demás autoridades y funcionarios públicos); realiza un estudio de las garantías jurisdiccionales existentes en el nuevo constitucionalismo y advierte de los peligros que implica una interpretación errada de la naturaleza de estas acciones.
